El Gobierno argentino ha quedado en el centro de un escándalo por la filtración de supuestos audios de la hermana del presidente, Karina Milei. Ante la viralización del material, la administración de Javier Milei ha reaccionado de manera drástica, llevando el caso a la justicia con una denuncia por «espionaje ilegal» y señalando a una supuesta «red» de periodistas y a los servicios de inteligencia rusos como responsables.
La polémica se intensificó cuando un juez prohibió la difusión de los audios, una acción que ha sido calificada como un grave acto de censura previa por organizaciones de prensa y por la oposición, que lo considera un ataque a la libertad de expresión. La situación se agrava por el hecho de que el gobierno ha pedido el allanamiento de las casas de los periodistas que publicaron los audios, un movimiento que ha generado críticas por su carácter autoritario.
Mientras tanto, en el mundo del periodismo y la política, la pregunta que todos se hacen es la misma que la que titula la denuncia: ¿quién grabó a Karina Milei? La controversia no solo pone en entredicho la transparencia del gobierno, sino que también revela la tensión política y mediática en un país donde las acusaciones de conspiración y censura se multiplican.