El Gobierno Nacional ha vuelto a demostrar que su obsesión por el «equilibrio fiscal» está por encima de las necesidades más básicas de la sociedad. En un acto de pura insensibilidad, ha vetado dos leyes cruciales: una que garantizaba el financiamiento de las universidades públicas y otra que declaraba la emergencia pediátrica.
Con un solo trazo de lapicera, el Ejecutivo borró la Ley Nº 27.795 que buscaba asegurar fondos para nuestras universidades, mejorar salarios de docentes y ampliar becas. La excusa, tan fría como contundente: el gasto de $1 billón en 2025 no tiene «fuentes de financiamiento claras». La realidad, sin embargo, es que se ha condenado a miles de jóvenes y familias a la incertidumbre, debilitando el pilar fundamental de la educación pública. Mientras se habla de libertad, se limita el acceso al conocimiento.
Pero el ataque más brutal llegó con el veto a la ley de emergencia pediátrica. En un acto que muchos califican de crueldad extrema, el Gobierno decidió que la salud de los niños no es una prioridad. El Congreso había aprobado una norma vital para fortalecer residencias médicas y garantizar recursos para hospitales como el Garrahan, pero el Poder Ejecutivo optó por el ajuste. El argumento de «alto costo fiscal» no es más que una frase vacía que esconde una verdad escalofriante: se elige ajustar incluso en la salud de los niños.
Mientras los funcionarios recitan números y hablan de superávit, la otra cara de la moneda son guardias pediátricas colapsadas, falta de médicos e insumos básicos. Como bien se ha señalado, «El veto a la ley de emergencia pediátrica no es ahorro: es abandono. La salud de los chicos no se negocia». Este veto no es un acto de responsabilidad fiscal, es un acto de abandono social. El Gobierno ha dejado claro su mensaje: la calculadora del Ministerio de Economía tiene más peso que el futuro de nuestros jóvenes y la salud de nuestros hijos.