Bajo la consigna «Lo esencial es invisible al Estado», prestadores y familiares se movilizaron en la capital para visibilizar el vaciamiento de un sector que ya no puede sostener los costos operativos.
El contraste entre el relato oficial y la realidad en las calles de San Luis sumó un nuevo capítulo de tensión. Mientras la gestión provincial sostiene un discurso de «investigación de gastos superfluos» y «austeridad», el sector de discapacidad advierte que el ajuste está golpeando donde más duele: la salud de los más vulnerables.
La movilización pacífica realizada este jueves puso el foco en el atraso crítico de los pagos y los recortes presupuestarios que están asfixiando a los centros terapéuticos. Muchos de estos espacios han comenzado a suspender actividades, dejando a cientos de personas sin sus tratamientos esenciales.
- Impacto directo: Familias denuncian que la falta de fondos públicos está forzando el cierre de centros especializados.
- Contradicción oficial: Los manifestantes señalan que, mientras se pregona el cuidado del «mango» de los contribuyentes, las prioridades parecen estar alejadas de las necesidades básicas de la comunidad.
- Pedido urgente: Solicitan la regularización inmediata de las deudas para evitar que el sistema de prestaciones colapse definitivamente.
Con carteles que reflejaban el cansancio de una lucha de meses, los vecinos recordaron que la discapacidad no es lo que dificulta la vida, sino las barreras que el propio Estado levanta al no garantizar los recursos. La «austeridad puntana» enfrenta hoy su crítica más dura por parte de quienes no pueden esperar a que las auditorías terminen para recibir su atención médica.