Designación de funcionarios con sueldos estratosféricos y promesa de viviendas a pesar de un contexto complejo, solo dos ejemplos de acciones recientes con la que el mandatario apunta a torcer un comicio que se anticipa muy difícil para el Gobierno ante el fuerte deterioro que experimenta la provincia. Se confirma la traición de Frontera al PJ.
Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Ese parece ser uno de los preceptos principales con los que se maneja el gobernador Claudio Poggi. Antes de asumir como primer mandatario se llenaba la boca hablando de republicanismo, pero apremiado ahora por los comicios del 11 de mayo, a los que llega con malas perspectivas debido a su deficiente gestión, no tiene el menor prurito en movilizar los recursos públicos de modo electoralista.
Por empezar, el adelanto de la fecha de las elecciones refleja temor y marca que busca neutralizar todo lo posible cualquier corriente negativa a nivel nacional. Además, y en un claro intento de cosechar votos, el Gobierno adelantó un incremento salarial de dos tramos (12,5% en febrero y 12,5% en abril), que igualmente ha sido considerado insuficiente por los gremios estatales.
Poggi dice que la construcción de viviendas “volvió para quedarse”, y se comprometió a lanzar nuevas inscripciones para más planes habitacionales durante el 2025. Su promesa parece arriesgada. Es que la edificación de casas sociales en San Luis depende principalmente de los fondos nacionales, y hace pocos días el gobierno central tomó la determinación de disolver la Secretaría de la Vivienda.
La explicación de Nación es reveladora y anticipa un escenario complicado: “Esta decisión responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”. Es decir, existe una alta probabilidad de que el programa de viviendas en San Luis colapse por falta de fondos. Poggi igual promete; lo que importa es llegar a las elecciones.
Otro aspecto que genera sorpresa e indignación es la reciente sucesión de designaciones en clave electoralista. La secretaria de Deportes de San Luis, Adelaida Muñiz, firmó un decreto a favor de Andrés Vallone para que realice la “confección e implementación de un plan para el gerenciamiento deportivo del Complejo Parque La Pedrera”.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, para realizar esta tarea el exintendente de Juana Koslay y exdiputado nacional percibirá más de 13 millones de pesos. La designación de Vallone representa una movida con el objetivo político para consolidar alianzas y así intentar recolectar votos de cara a las elecciones.
Lo mismo sucede con José Sindoni, empleado de la SAPEM y padre de Gabriel Sindoni Proto, ex secretario de Juventudes. Una de sus hijas es pareja del hijo de Poggi. Señalan que el consuegro ingresó a trabajar en el estado hace solo cuatro meses. Sus mismos compañeros de trabajo aseguran que sus habilidades (no sabe utilizar la computadora) y sus ganas de trabajar (va pocos días a la semana a la oficina) son notoriamente escasas.
Todas estas acciones que apuntan a una ventaja electoralista se dan en un contexto de empeoramiento notable de los indicadores sociales en San Luis, con alza de la pobreza y del desempleo. La seguridad además se encuentra en un estado crítico, con índices delictivos que no dejan de aumentar y que hacen a la provincia una jurisdicción que exhibe cada vez una mayor criminalidad.
Una traición confirmada
Una traición que se confirma. Maximiliano Frontera rechaza definitivamente el PJ provincial y acepta incorporarse a las filas del Gobernador. Poggi indicó que existe un vínculo “muy articulado” con el intendente de Villa Mercedes y que tendrá un espacio en el frente.
En agosto del año pasado, el Tribunal de Disciplina determinó la expulsión de ocho diputados “camaleónicos” que se habían escindido del Frente Unidad Justicialista para conformar un nuevo bloque aliado del poggismo y procedió a la suspensión de la afiliación de Frontera, quien era presidente del Consejo Departamental de Pedernera.
Las razones que determinaron las medidas para ambos casos fueron de peso: transfuguismo político, traición a los preceptos básicos del peronismo y respaldo a un Gobierno que persigue ideológicamente a compañeros del PJ y que ha aplicado un ajuste inédito en la provincia.