La justicia local enfrenta un nuevo capítulo de alta tensión tras el pedido de prisión preventiva para el actual secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis. La solicitud, impulsada por un exfuncionario, surge ante el presunto riesgo de que se manipule documentación fundamental para el avance de la causa. Según la denuncia, el implicado habría utilizado su estructura jerárquica y recursos del Estado para favorecer acuerdos privados, desviando la finalidad de sus funciones oficiales. El foco de la investigación se centra en lo ocurrido en el predio «El Caburé», donde se analizan graves irregularidades en la recuperación de inmuebles y el manejo de expedientes públicos. Este pedido de detención pone bajo la lupa la transparencia en la gestión de control y genera una gran expectativa sobre los próximos pasos que tomará la justicia para asegurar la integridad de las pruebas.
