Lo que debería haber sido el final de una larga espera para muchas familias puntanas se ha transformado en un símbolo de injusticia y falta de transparencia. A pocas semanas del acto oficial de entrega de viviendas en el Barrio Unión, la realidad golpea con dureza: un número alarmante de unidades adjudicadas permanecen completamente deshabitadas. Mientras las luces de estas casas se mantienen apagadas y las persianas bajas, el malestar social crece entre quienes, habiendo cumplido con todos los requisitos, hoy observan con impotencia cómo el sueño de la casa propia se desperdicia en manos de quienes no parecen necesitarlas.
La indignación ha estallado en las redes sociales, donde los vecinos denuncian una falta de control total por parte de las autoridades encargadas de la adjudicación. Para las cientos de familias que quedaron fuera del cupo y que actualmente atraviesan situaciones de emergencia habitacional, ver una vivienda cerrada es una bofetada a su necesidad. Esta situación pone bajo la lupa los criterios de selección y la falta de seguimiento post-entrega, sugiriendo que muchas de estas propiedades podrían haber sido otorgadas por amiguismo o conveniencia política en lugar de basarse en la verdadera urgencia social.
El Barrio Unión se ha convertido así en el escenario de un conflicto que escala día tras día. No se trata solo de paredes y techos, sino de un recurso público que hoy no cumple su función social. La comunidad exige que se realicen censos de ocupación inmediatos y que, ante la comprobación de que las casas no son habitadas, se proceda a la desadjudicación para que lleguen a quienes realmente no tienen donde vivir. Mientras el Gobierno guarda silencio, el vacío de esas viviendas se llena con la bronca de un pueblo que ya no tolera que el derecho a la casa sea un privilegio para unos pocos.