La influencer santiagueña Valentina Olguín (26) está acusada de utilizar los CUIT de los dirigentes provinciales para importar indumentaria de alta gama del exterior con fines de reventa, superando los límites que impone la Aduana. Además del mandatario puntano, la investigación reveló que habrían sido afectados Jaldo (Tucumán) Kicillof (Buenos Aires), Frigerio (Entre Ríos) y Ziliotto (La Pampa).
La cantante e influencer santiagueña Valentina Olguín se encuentra en el centro de un escándalo judicial tras ser imputada por contrabando simulado, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos. La joven de 26 años está acusada de utilizar los CUIT de cinco gobernadores provinciales para importar ropa de alta gama desde el exterior y revenderla en Argentina, sorteando los límites impuestos por la Aduana.
El caso salió a la luz a fines de 2024, cuando el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió un correo electrónico sobre una compra internacional que no había realizado. Tras su denuncia, la Justicia Federal de Tucumán, a cargo del fiscal Agustín Chit, inició una investigación que pronto reveló que otros mandatarios habían sido víctimas del mismo delito: Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis).
Según las pesquisas, Olguín utilizó los nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los gobernadores, obtenidos de fuentes públicas en Internet, para realizar compras a través del sistema Courier, que permite importaciones con menos controles.
Este mecanismo le permitió eludir el cupo de cinco compras anuales de hasta 5 mil dólares establecido por la Aduana. La mercadería, principalmente ropa de alta gama adquirida en la plataforma estadounidense Revolve, llegaba a un domicilio en la calle Jaramillo, en el barrio porteño de Núñez, donde la cantante operaba su tienda online sin local comercial habilitado.
La investigación reveló que Olguín comenzó su emprendimiento en 2022 utilizando su propio CUIT, pero al superar el cupo permitido, recurrió a los datos de amigos y familiares. Cuando estos también se agotaron, habría optado por utilizar información fiscal de los gobernadores. Las prendas eran revendidas a través de su popular tienda virtual, con envíos a provincias como Córdoba y Santiago del Estero.
Tras un allanamiento en el domicilio de Núñez, se secuestraron dispositivos electrónicos que están siendo analizados. La Justicia considera que existen pruebas suficientes para demostrar que Olguín actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones. Sin embargo, desde su entorno aseguran que la cantante “no sabía que estaba cometiendo un delito” y que está “muy arrepentida”. Además, destacan que se presentó a cada requerimiento judicial y está dispuesta a reparar el daño. Les genera sospechas que el caso haya ganado notoriedad mediática meses después de iniciada la causa.
Olguín, conocida por su carrera musical que despegó en 2016 con la banda de cumbia uruguaya Dame 5 y por sus recientes temas como solista, cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram, donde también promocionaba su negocio de ropa.