Hoy en San Luis, la realidad que se vive en los barrios y la que cuenta el Gobierno parecen pertenecer a dos provincias distintas. Mientras los vecinos enfrentan una ola de robos y violencia que no da tregua, la gestión provincial parece más preocupada por maquillar las estadísticas que por patrullar las calles. Esta política de ocultar los hechos para no dañar la imagen oficial ha dejado a las familias en un estado de abandono absoluto, creando una brecha peligrosa entre la propaganda y el miedo real de la gente.
El silencio se ha convertido en la principal herramienta del Estado. Muchos de los delitos que ocurren a diario ni siquiera llegan a los informes oficiales, intentando proyectar una calma que no existe. Sin embargo, la verdad quedó al descubierto con la llegada de las fuerzas federales: si la seguridad provincial estuviera bajo control como dicen los discursos, no habría hecho falta pedir auxilio externo. El desembarco de Gendarmería es la prueba más clara de que la policía local ha sido desbordada por el crimen.
No se puede cuidar a un pueblo desde una oficina o solo con publicidad. Cuando se prioriza la imagen por sobre la prevención, el delincuente gana terreno y el ciudadano honesto lo pierde. La inseguridad no se soluciona dejando de publicar los delitos, sino enfrentándolos con firmeza. San Luis necesita que sus autoridades bajen a la realidad, reconozcan que han perdido el control de la calle y empiecen a proteger a la gente en lugar de cuidar las apariencias.