La gestión del intendente Gastón Hissa ha sumergido a la Municipalidad de San Luis en un caos administrativo que hoy mantiene paralizada la entrega de licencias de conducir. Desde hace más de una semana, los vecinos se encuentran atrapados en un círculo vicioso: el municipio exige un «libre deuda» obligatorio, pero es el propio Estado municipal el que no puede emitirlo por una negligencia técnica inexcusable.
El origen del problema es tan insólito como grave: el sistema tributario municipal aún no ha sido configurado para el ejercicio 2026. Esta falta de previsión impide generar sellados y validar pagos, bloqueando automáticamente cualquier trámite administrativo que requiera la verificación de tasas y servicios. En las oficinas de Ingresos Públicos, la respuesta es el silencio, mientras los plazos para los vecinos que necesitan su carnet para trabajar o viajar se agotan sin alternativas a la vista.
La crisis no es un error de sistema aislado, sino el resultado de una interna política que ha vaciado de capacidad operativa a áreas estratégicas. Las críticas apuntan directamente al subsecretario de Ingresos Públicos y Fiscalización, Daniel Piñeda. Bajo su gestión, se denuncia el desmantelamiento de los equipos técnicos que garantizaban la estabilidad del sistema, tras meses de despidos, renuncias y traslados que dejaron sin personal operativo sectores clave.
Las consecuencias de esta ineficacia afectan también los controles de casilla sanitaria y múltiples trámites que requieren comprobantes oficiales. Lo más alarmante es que, al no poder pagar las tasas a tiempo por culpa del propio municipio, los ciudadanos están acumulando una deuda involuntaria.
Como ya ha sucedido anteriormente, el riesgo es que la administración pretenda regularizar estos pagos aplicando intereses, trasladando así el costo del desorden administrativo de los funcionarios directamente al bolsillo del contribuyente cumplidor.