El Gobierno de Milei impulsa cambios para reducir la protección del ambiente periglacial, abriendo las fuentes de agua dulce de la Cordillera a la megaminería y los hidrocarburos. Críticos alertan: la ley de protección se transforma en una fachada legal.
El Gobierno de Javier Milei impulsa cambios a la Ley de Protección de Glaciares (N° 26.639), una norma clave que desde 2010 resguarda nuestras reservas de agua dulce. Críticos afirman que, si se aprueba, esta ley se convertirá en un simple «adorno».
¿Qué se quiere cambiar?
La modificación busca «flexibilizar» la protección del ambiente periglacial (la zona que rodea a los glaciares). Este ecosistema complejo es crucial porque actúa como una esponja gigante que almacena agua.
- El objetivo real: Permitir que proyectos de megaminería e hidrocarburos (petróleo y gas) se instalen en estas áreas sensibles, algo que la ley actual prohíbe para proteger las fuentes hídricas.
La clave: Reducir la Protección, Aumentar el Riesgo
Cuando el debate se centre en «el tamaño del glaciar» o su «relevancia hídrica», el mensaje es claro: se está buscando desproteger el agua de todos los argentinos.
- Riesgo: Intervenir el ambiente periglacial pone en peligro las reservas de agua dulce que consumen toda la población, la biodiversidad y las economías regionales que dependen de ella (como la agricultura).
El Agua como «Bien Común»
Las organizaciones sociales y ambientales denuncian que usar el argumento de que «cada provincia elija sobre su territorio» (federalismo) es una excusa para pasar por encima de la Ley de Presupuestos Mínimos, que protege el agua como un bien común esencial para todos los ciudadanos.
Este intento de debilitar la ley, impulsado ahora a través de herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), es visto como la última movida de una larga historia donde los intereses económicos de unos pocos han primado sobre el derecho básico a tener agua limpia y segura.
Cuidar las fuentes de agua no es un tema menor; es la base para el futuro.