Un joven de 28 años, murió anoche mientras se encontraba demorado en la Comisaría 8ª, en un hecho que pone en tela de juicio los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta médica de las fuerzas policiales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
El joven, aprehendido junto a otra persona por la supuesta venta de elementos de dudosa procedencia, falleció tras una descompensación que, según los propios informes, la policía no pudo controlar a tiempo.
La tragedia se desencadenó a última hora del viernes. Según el relato oficial, el joven demorado comenzó a «exaltarse sin razón aparente». En lugar de activar de forma inmediata un protocolo de emergencia médica, la primera acción del personal policial fue «intentar calmarlo». Este lapso, en el que se priorizó la contención sobre la asistencia sanitaria urgente, resultó fatal. Poco después, el detenido se desmayó, y la ambulancia que finalmente llegó a la dependencia solo pudo confirmar su deceso alrededor de las 23:00.
La autopsia realizada en la madrugada determinó que la causa directa de la muerte fue un tromboembolismo pulmonar agudo. Sin embargo, la revelación más grave para la investigación y el Ministerio de Seguridad es que los forenses hallaron una fístula cardíaca compatible con la administración de medicación para una enfermedad preexistente: leucemia.
Este hallazgo plantea una pregunta crucial: ¿Se evaluó el estado de salud del demorado al ingresar a la dependencia? La presencia de una enfermedad grave no solo exigía un monitoreo constante, sino también la activación de un protocolo médico de alta velocidad ante cualquier signo de alerta, como la «exaltación» previa al desmayo.
Aunque el informe policial preliminar descarte lesiones de violencia —solo consignando una lesión leve en la muñeca por los grilletes—, la causa de la muerte bajo custodia apunta directamente a la falta de una atención rápida y adecuada por parte de quienes tenían la responsabilidad de velar por su integridad física, tal como exige la Constitución y los estándares de Derechos Humanos.
La fiscalía deberá ahora investigar por qué la respuesta institucional fue tan lenta, y si la demora en la llegada de la asistencia médica configuró una omisión del deber de cuidado que pudo haber costado la vida de un hombre que ya padecía una enfermedad terminal.