En un acto de pura desfachatez política, el gobernador Claudio Poggi demostró una vez más su talento para desligarse de los asuntos espinosos de su propia administración. Ante la escandalosa filtración selectiva de imágenes del exfuncionario Sergio Freixes ingresando al penal, Poggi eligió la ruta de la ignorancia calculada: evadió toda responsabilidad y la depositó pulcramente sobre la «Justicia Federal y la gente de la penitenciaría».
El problema con este acto de malabarismo es que dejó totalmente expuesto el rol de su Ministerio de Seguridad y, peor aún, a su ministra Nancy Sosa, quien encabezó el operativo de cuya difusión el gobernador ahora pide «bajarle el tono» y califica como un simple «temita».
Para el Gobernador, la difusión de grabaciones obtenidas por guardiacárceles (bajo órdenes de su ministra) y publicadas por medios afines a la Casa de Gobierno es solo un «temita». Pero para el ciudadano, la escena es más bien una obra de teatro político con un guion predecible:
- Se filtraron las imágenes de Freixes, pero no del otro detenido, casualmente, el esposo de una ministra provincial. Poggi esquivó esta «pequeña» contradicción con la negligencia de un principiante (o la astucia del que no quiere ver).
- No hubo explicaciones sobre quién autorizó el uso de cámaras internas para una causa federal ni sobre si habrá sanciones para evitar que el penal siga siendo una herramienta política al servicio del gobierno.
La reacción de Poggi, que incluyó una evidente molestia ante las consultas, solo reforzó la idea que buscaba desmentir. Al intentar minimizar un hecho que compromete derechos básicos y que expone una maniobra articulada desde la propia administración provincial, el Gobernador no solo evadió su responsabilidad, sino que cimentó la percepción de un gobierno intrascendente, dedicado más a generar odio y miedo que a gobernar. El telón cayó, pero la imagen de la operación política quedó inmortalizada.