La impunidad se consolida en la Legislatura provincial. En una maniobra que huele a encubrimiento, la mayoría de diputados que responden al poggismo y sus aliados desestimaron el tratamiento sobre tablas de un pedido de interpelación contra Ricardo André Bazla, el Secretario de Ética Pública y Control de Gestión, a pesar de los gravísimos señalamientos de corrupción que pesan sobre su órbita.
El funcionario, cuyo rol es precisamente velar por la transparencia, gana tiempo e inmunidad mientras la provincia enfrenta un escándalo monumental: la «desaparición» de una cosecha de maíz valorada en 2 millones de dólares tras la expropiación de un campo sembrado por parte del Gobierno.
La trama es simple y brutal: el Gobierno expropia un campo, y bajo su tutela, la producción que requirió más de 500 camiones para ser retirada se esfuma sin dejar rastro de su destino ni del dinero. No hay mapa, no hay explicaciones, solo un silencio oficial que aturde.
Bazla es uno de los principales apuntados y denunciados en esta maniobra. Sin embargo, en lugar de permitir que se esclarezca el asunto, los legisladores actuaron como un escudo protector. «Blindaron» al Secretario, enviando el pedido de interpelación a la Comisión de Asuntos Constitucionales, una táctica habitual para postergar y diluir los temas incómodos.
El problema con Bazla es doblemente grave. Su secretaría, la que debe «bregar por la transparencia estatal», no ha emitido una sola explicación pública sobre el escándalo, ni siquiera tras el despido de otro funcionario el pasado 3 de junio por un hecho de corrupción confirmado.
«Al funcionario lo echaron el 3 de junio. ¿Qué pasó desde esa fecha hasta ahora que no dijeron una sola palabra? ¿Qué le pasa a Bazla? ¿Qué rol cumple? Son 2 millones de dólares. No sabemos dónde está la cosecha y quieren culpar al gobierno anterior para tapar algo», manifestó un legislador de la oposición, señalando el intento de desviar la atención.
La decisión de la mayoría poggista en la Cámara de Diputados no hace más que solidificar la percepción de que existe una voluntad política por tapar lo ocurrido. La pregunta sigue en el aire y resuena con fuerza: ¿Dónde están los 2 millones de dólares y dónde fue a parar el maíz? Mientras tanto, el funcionario encargado de la ética es protegido por quienes deberían exigirla.