La disputa política en un municipio de San Luis escala al máximo tribunal provincial con acusaciones de una gravedad inédita: la presunta fabricación de una demanda judicial utilizando inteligencia artificial para falsear hechos, jurisprudencia y doctrina. La presentación involucra a concejales y funcionarios del Gobierno Provincial.
Tilisarao, San Luis – Un conflicto de competencias entre el Departamento Ejecutivo Municipal y su Concejo Deliberante ha destapado un caso que podría sentar un precedente nacional sobre el mal uso de la tecnología en el ámbito judicial. El Ejecutivo Municipal, ha presentado un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia denunciando una «estrategia deliberada, sistemática y progresiva de entorpecimiento institucional por parte de un grupo de concejales. La máxima expresión de esta estrategia sería una demanda contencioso-administrativa plagada de información falsa, presuntamente generada con herramientas de inteligencia artificial.
El conflicto comenzó en diciembre del 2024, cuando el Concejo rechazó irregularmente la Tarifaria y el Presupuesto 2025 en una misma sesión, sin votación formal, lo cual ya constituye un vicio de origen al tratarse de dos normativas de naturaleza distinta que requieren tratamiento separado.
Lo más grave, según consta en el Acta de la sesión, es que la ley más importante para la gestión municipal nunca fue sometida a una votación formal y nominal. El acta refleja que, tras rechazarse la tarifaria, «no sería necesario tratar el presupuesto». Acto seguido, el presidente del cuerpo, declaró que el presupuesto «ya estaría desaprobado» sin que se realizara la votación correspondiente. Este proceder, calificado por el Ejecutivo como un «vicio formal insalvable», el cual privó al municipio de su principal herramienta de gobierno y dio inicio a la disputa institucional.
Entre los señalados figuran el presidente del Concejo Alejandro Rosa, el concejal Ezequiel Sanmartino y dos funcionarios provinciales, además de concejalas que acompañaron con su voto.
El Ejecutivo sostiene que la demanda cita tribunales, autores y leyes que no existen, lo que revela el uso indebido de IA y expone a la Justicia y al propio Gobernador a un fuerte desgaste político.