San Luis atraviesa una de las crisis de salud más graves de su historia, y los grandes perjudicados son los afiliados de DOSEP. El gobierno provincial ha dejado a miles de puntanos a su suerte.
Mientras los afiliados se ven obligados a deambular para conseguir un turno, el gobierno, en lugar de negociar, firma acuerdos a las apuradas con clínicas privadas como la Trinidad, La Italia, la Clínica de la Mujer y la Familia y la Clínica del Adulto Mayor y la Familia (cuya propietaria está ligada a Adolfo Rodríguez Saá).
La situación es más oscura de lo que parece: profesionales de la carrera sanitaria, que por ley no pueden trabajar en el ámbito privado, terminan haciéndolo en negro en estas instituciones. Se esconden detrás de órdenes que no llevan su nombre, explotando la falta de regulación y la desesperación de los pacientes.
El efecto de este desbarajuste es inmediato y alarmante. Los afiliados que no pueden ser atendidos por sus médicos de confianza regresan a los hospitales públicos, colapsando el sistema. Paradójicamente, en estos centros de salud se encuentran con los mismos profesionales que trabajan «en escondidas» para las clínicas privadas. Esta falta de coordinación ha generado un círculo vicioso de turnos saturados, pagos irregulares y una atención caótica que pone en riesgo la salud de toda la población. Los pacientes son las verdaderas víctimas de un gobierno que parece más interesado en confrontar con los médicos que en buscar soluciones viables. La salud de los puntanos, en lugar de ser una prioridad, se ha convertido en una moneda de cambio en una disputa política.