La provincia de San Luis se encuentra en el ojo de la tormenta por un escandaloso aumento del 4.800% en el canon de riego para productores agropecuarios. El tarifazo, que eleva el costo por hectárea de $8.000 a la cifra insólita de $380.000 anuales, ha desatado la indignación del sector, que denuncia un «abuso total» por parte de San Luis Agua.
La situación es más grave de lo que parece: mientras los productores del Valle del Conlara son obligados a pagar tarifas que superan diez veces a las de provincias vecinas como Mendoza o San Juan, el sistema hídrico provincial se encuentra completamente colapsado y abandonado.
“Nos mintieron en la cara”
Guillermo Cismondi, un productor de Tilisarao, resumió el sentir de sus colegas: «Es un abuso total». El hombre, que envió una carta al gobernador Claudio Poggi sin obtener respuesta, denuncia que las autoridades de San Luis Agua prometieron un aumento razonable del 150% o 200%, pero terminaron imponiendo una cifra demencial. «Nos mintieron en la cara», sentenció.
La indignación no solo se debe al precio, sino también al estado calamitoso de la infraestructura. “Todo el sistema de riego está obsoleto. No hay canales, y lo poco que se mantiene, lo hacemos nosotros”, relató. Cismondi recordó un episodio de 2015 donde, ante la rotura de un canal vital, 70 productores tuvieron que poner dinero de su bolsillo para repararlo, sin que el Estado provincial aportara lo prometido.
¿Agua para hacienda también paga? El nuevo delirio de San Luis Agua
Pero la polémica no termina ahí. La nueva ley impositiva de San Luis Agua ha introducido un punto aún más polémico: ahora se cobra el derecho al agua subterránea extraída de pozos que los propios productores cavaron, instalaron y mantienen con sus propios recursos.
Cismondi calificó la medida como una «locura total», ya que afecta directamente a la producción de consumo humano y animal, y se suma a la ya pesada carga impositiva. En un contexto de crisis, los productores se sienten desprotegidos y con la sensación de que las autoridades actúan con una “soberbia” total.
Sin respuestas, sin previsibilidad y con una infraestructura en ruinas, los productores se preguntan: ¿cómo se puede seguir trabajando en el campo bajo estas condiciones? La falta de diálogo y la imposición de tarifas desorbitadas ponen en jaque la actividad agropecuaria en la provincia y exigen una respuesta urgente del gobierno.