El gobierno de Javier Milei dispuso el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El gobierno nacional ha anunciado la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La medida, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, se oficializa en el marco del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación el próximo 8 de julio de 2025.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según explicaron, la decisión es una orden directa del presidente Javier Milei y se produce “pese a los cuestionamientos de los distintos sectores de todo el país”.
Como parte de esta reestructuración, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reorganizada y pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Esta nueva entidad asumirá la autoridad de aplicación en lo que respecta a la fiscalización de las concesiones viales, así como la regulación de normas y actos administrativos relacionados.
Adorni también precisó que el Gobierno abrirá la licitación de 9.120 kilómetros de rutas, justificando la medida con el argumento de que, tras «décadas de despilfarro y corrupción», la infraestructura vial del país se encuentra «degradada como nunca antes».
¿Desmantelamiento o Modernización? El Impacto de la Decisión en la Infraestructura Nacional
La disolución de Vialidad Nacional, una institución con más de 90 años de historia y un rol fundamental en la conectividad del país, no puede ser analizada sin una profunda mirada crítica a la gestión del gobierno nacional. Si bien el argumento oficial se centra en el «despilfarro y la corrupción» y la promesa de una supuesta eficiencia a través de licitaciones privadas, la realidad es que esta decisión genera serias preocupaciones sobre el futuro de la infraestructura vial y la soberanía en la planificación y ejecución de obras públicas.
En primer lugar, la premisa de que el Estado es inherentemente ineficiente o corrupto, y que la solución pasa por desmantelar organismos enteros, simplifica en exceso un problema complejo. Si existieron casos de corrupción o mala gestión en Vialidad Nacional, la respuesta debería ser la auditoría, la denuncia, la sanción a los responsables y la reforma de los procesos, no la aniquilación de una estructura que acumuló décadas de conocimiento técnico y experiencia en la construcción y mantenimiento de rutas. La transferencia de funciones esenciales a un nuevo organismo con un cambio de nombre y la privatización masiva de kilómetros de rutas podría implicar, paradójicamente, una mayor opacidad y un menor control sobre la inversión de fondos públicos, al trasladar el riesgo y la ganancia a manos privadas sin una supervisión estatal robusta.
En segundo lugar, la justificación de la «degradación» de las rutas como causa para esta medida ignora la responsabilidad del propio Estado en la inversión y el mantenimiento a lo largo del tiempo. ¿Es la falta de gestión de Vialidad o la falta de inversión sostenida lo que llevó a esta situación? La retórica oficial busca culpar al organismo para justificar su desaparición, cuando en realidad, la inversión en infraestructura es una política de Estado que requiere continuidad y planificación a largo plazo, no solo cuando un gobierno decide que es rentable para el sector privado.
Finalmente, la apertura de licitaciones para 9.120 kilómetros de rutas genera interrogantes sobre la capacidad de fiscalización y el cumplimiento de los estándares de calidad. La experiencia histórica en Argentina y en otros países demuestra que la privatización de servicios esenciales, sin una adecuada regulación y un fuerte rol de control por parte del Estado, puede derivar en un deterioro de la calidad, un aumento de las tarifas para los usuarios y la concentración de poder en pocas manos, con el riesgo de formación de oligopolios.
En definitiva, la disolución de Vialidad Nacional, lejos de ser una simple medida de eficiencia, parece ser parte de una estrategia más amplia de achicamiento del Estado y transferencia de funciones vitales al sector privado. El costo social y económico de esta decisión, en términos de conectividad, seguridad vial y el futuro de la infraestructura argentina, es un debate que el gobierno nacional parece dispuesto a eludir, dejando al descubierto una visión ideológica que prioriza el mercado por encima del bienestar colectivo y la capacidad de planificación estatal.