La retención de Ingresos Brutos sobre pagos en plataformas como Mercado Pago y Ualá desató la furia de comerciantes y consumidores, quienes denuncian una medida completamente abusiva en un contexto de crisis económica.
La reciente implementación de retenciones de Ingresos Brutos sobre transacciones realizadas a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago, Ualá y Naranja X, ha generado una ola de rechazo e indignación entre los habitantes y los comerciantes de la provincia. Desde el 1 de junio, con la adhesión de San Luis al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), cada movimiento digital está sujeto a descuentos automáticos, una medida que muchos consideran un «peaje fiscal» sorpresivo y desmedido.
La Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) aplica retenciones de hasta el 1,60% para contribuyentes locales y entre el 0,10% y el 2% para los del convenio multilateral, afectando a quienes cobran por ventas o servicios a través de estas plataformas. Incluso los no inscriptos en el sistema, como trabajadores informales que superen las diez transacciones mensuales o los $200 mil, enfrentan retenciones automáticas del 3%. Por ejemplo, una persona que facture $250 mil en 12 ventas sin estar registrada perderá $7.500 de sus ingresos.
Malestar generalizado
La medida tomó por sorpresa a comerciantes y consumidores, que no fueron advertidos previamente. En redes sociales, la bronca estalló. “La gente, en especial los comerciantes y emprendedores, no tienen un mango, están al borde de cerrar y encima les ponen más impuestos. Brutal lo errado que está el Gobierno”, expresó Mati Natel, mientras que Maby Torrez, otra usuaria, dijo: “Pasé $1.500 para comprar el pan… y me descontaron también. No es la venta de un auto o una casa. Da bronca que te roben tu plata”. Lorena Coman fue más contundente: “Sinvergüenzas, ladrones, eso es este gobierno provincial”.
El impacto no se limita a las redes. Comercios como inmobiliarias, mercados y gimnasios ya anunciaron que dejarán de aceptar pagos con billeteras virtuales o aplicarán un «plus» para compensar la aplicación de las retenciones.
Una medida contradictoria
El Gobierno provincial, liderado por Claudio Poggi, intentó calmar las aguas asegurando que el impuesto “no es nuevo” y que solo aplica a quienes están inscriptos en la DPIP. Sin embargo, las especificaciones técnicas son ambiguas. Aunque se aclaró que salarios, AUH, jubilaciones o transferencias entre cuentas propias estarían exentos, la falta de claridad genera desconfianza.
Mientras otras provincias han optado por reducir o eliminar este tipo de impuestos para fomentar la competitividad, San Luis va a contramano. La medida se percibe como una reacción desesperada ante la fragilidad económica de la provincia, agravada por una caída del 26,3% en la coparticipación federal y el desequilibrio fiscal generado por gastos excesivos en la campaña electoral previa al 11 de mayo.
El malestar se enmarca en un contexto de ajuste impulsado tanto por el gobierno nacional de Javier Milei como por el provincial. En una realidad que marca una fuerte contradicción, Poggi acompaña las políticas de ajuste de Milei, pero después se queja de los recortes en la coparticipación.