La presentación realizada por tres diputados provinciales señala que los hechos podrían implicar abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, asociación ilícita y encubrimiento y omisión de denuncia. Además, solicitan realizar allanamientos, inspecciones, pericias contables y declaraciones testimoniales.
La tragedia del PANE llegó a la Justicia, que ahora deberá tomar cartas en el asunto. Tres diputados provinciales, Silvia Sosa Araujo, Sonia Delarco y Federico Berardo, presentaron una denuncia penal contra altos funcionarios del Gobierno de San Luis por presuntos actos de corrupción e irregularidades en el Plan Alimentario Nutricional Escolar, que provocaron intoxicaciones masivas de alumnos en escuelas públicas, incluyendo un caso grave de salmonella. La acusación, basada en investigaciones periodísticas, advierte sobre una gestión “irregular y fraudulenta” del programa, con viandas en mal estado y una administración opaca que elude controles.
La denuncia, radicada en la Unidad de Abordaje Fiscal, apunta al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto; el director de Valor Agregado, César Oliva; el director de Fiscalización y Control, Víctor Daniel Boiero; la secretaria de Estado del PANE, Eugenia Gallardo; el ministro de Educación, Guillermo Araujo; y el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, entre otros posibles implicados.
Según el encuadre jurídico, los hechos podrían configurar los siguientes delitos:
-Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).
-Malversación de caudales públicos (art. 261 del Código Penal).
-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del Código Penal).
-Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal).
-Encubrimiento y omisión de denuncia (art. 277 del Código Penal).
Los legisladores denunciaron una “incompatibilidad flagrante” en la gestión del PANE, que opera a través de Sol Puntano SAPEM, una sociedad anónima estatal que facilitaría la falta de transparencia en los procesos administrativos, contables, jurídicos y bromatológicos.
En la presentación se destaca el caso de Trombotto, que sería propietario de un inmueble ubicado en Esteban Adaro y San Juan, en la ciudad de San Luis, en donde todos los indicios marcan que se elaborarían viandas escolares, mientras su ministerio gestiona contratos de proveedores, lo que generaría un evidente conflicto de intereses.
El programa, con un presupuesto de casi 30 mil millones de pesos, habría incurrido en manejos irregulares que derivaron en intoxicaciones masivas de estudiantes. La denuncia solicita investigar una posible asociación ilícita, realizar allanamientos, inspecciones, pericias contables y declaraciones testimoniales, y suspender cautelarmente en sus funciones a las personas denunciadas para garantizar la transparencia de la investigación.