El Ministerio de Educación de San Luis designó a Francisco Guiñazú como veedor de la escuela “Pancha Hernández”, que sufrió intoxicaciones masivas por viandas en mal estado. El Gobierno minimiza la situación, deslinda responsabilidades y no da información alguna sobre los proveedores. La ineficacia del estado se demuestra en que una kinesióloga está al frente del programa alimentario.
Ante la gravísima crisis desatada por las falencias del PANE, el gobierno provincial reacciona como lo indica su ADN: dándole la espalda al pueblo y en este caso culpando a la víctima. En las últimas horas el Ministerio de Educación designó a Francisco Guiñazú como veedor en la escuela “Pancha Hernández” de la ciudad de San Luis, cuyos alumnos padecieron intoxicaciones masivas por viandas en mal estado. La acción indica que el Ejecutivo considera culpable a los establecimientos y por eso los interviene. Esto contrasta con la inacción para mejorar la calidad de los alimentos con más inversiones, dar información sobre los proveedores, o detallar como se realiza el traslado.
El estado puntano, en un comunicado difundido en la Agencia de Noticias lleno de eufemismos para ocultar el problema, dijo que Guiñazú “liderará un equipo interdisciplinario que actuará en la institución”. Señalaron que la designación se hará efectiva por un plazo de 60 días, “con el objetivo de garantizar un control directo y mejorar la articulación entre las diversas áreas que convergen en el funcionamiento del establecimiento educativo”.
“Esta medida busca fortalecer la gestión educativa y optimizar los procesos administrativos y pedagógicos dentro de la institución, asegurando el mejor aprovechamiento de los recursos y el cumplimiento de los objetivos educativos. Además, con la presencia del letrado en la institución se propondrán una serie de medidas de mediación para la solución de conflictos”, aseguraron. Puras palabras para ocultar una crisis gravísima y de la que el Gobierno no puede (o no quiere) salir.
El colapso que está experimentando el PANE también desnuda la ineficiencia absoluta que reina en el estado provincial, con funcionarios que no cuentan con la más mínima experiencia para manejar áreas sensibles. La directora de Comunidad Educativa, Celeste Aparicio, quien en teoría debe controlar el programa alimentario es kinesióloga, una profesión absolutamente alejada de los alimentos y de toda la logística que implica trasladarlos y manipularlos a gran escala.