Legisladores de Partido Justicialista indicaron que se llegó a esta medida judicial porque se agotaron todas las instancias de acción y el Ejecutivo nunca mostró la más mínima voluntad de dar información sobre el programa y sus notorias deficiencias. Advierten que ha habido negligencia y falta de controles. “Quieren posicionarse como víctimas, pero los únicos damnificados aquí son los chicos”, advirtieron.
Las intoxicaciones masivas causadas por las evidentes deficiencias del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) representan un hecho gravísimo. Por eso legisladores justicialistas del ámbito nacional, provincial y municipal presentaron una denuncia penal contra Claudio Poggi para que se investigue la responsabilidad del Gobernador y otros funcionarios en el suministro de alimentos en mal estado a niños y adolescentes en distintos establecimientos de la provincia.
Los legisladores brindaron este martes a la mañana una conferencia de prensa en el Bloque Diputados del PJ en el Congreso Provincial. La diputada nacional Natalia Zabala Chacur, el diputado provincial Federico Berardo, y el concejal Juan Martín Divizia fueron los principales oradores.
Advirtieron que la negligencia y la falta de controles han sido una constante en el programa alimentario e indicaron que las autoridades nunca modificaron esta realidad en la que han prevalecido condiciones bromatológicas precarias que han puesto en riesgo de manera sistemática la salud de los alumnos.
Zabala Chacur recordó que en las últimas intoxicaciones más de sesenta personas han sido afectadas, aunque dijo que la cifra probablemente sea mayor debido a que no se contempla a aquellos que no se atendieron en el sistema de salud. No dudó en que las deficiencias de este programa son estructurales y que a pesar del enorme riesgo el Ejecutivo no hizo nada para modificar la situación. La diputada nacional exigió la designación de un fiscal para que la investigación avance con celeridad.
“Estamos hablando de la salud de nuestros niños. No es un hecho aislado ni una casualidad. Esto responde a la falta de controles y a la negligencia en la aplicación del Plan Alimentario de Nutrición Escolar (PAN)”, aseguró.
Berardo puntualizó que las intoxicaciones y los alimentos en mal estado del PANE no representan ninguna novedad, y que el año pasado el bloque solicitó un pedido de interpelación al ministro de Educación, Guillermo Araujo, sin que pasara nada. Dijo que agotaron todas las instancias de acción. “Ante la falta de respuestas y la magnitud de lo sucedido, era necesario acudir a la Justicia”, aseguró.
Los legisladores no dejaron pasar las insólitas y patéticas declaraciones de Poggi, quien no se hace cargo de un hecho que pone en riesgo la vida de los alumnos y sigue alimentando la extraña teoría del “sabotaje”. “Quieren posicionarse como víctimas, pero los únicos damnificados aquí son los chicos. Ellos son los responsables de garantizar que los alimentos sean seguros y de calidad”, señaló Divizia.
“San Luis necesita que sus funcionarios asuman responsabilidades y dejen de buscar culpables donde no los hay. Es hora de que el gobernador Poggi y su gabinete den explicaciones y se hagan cargo de sus decisiones”, agregaron.
Otro punto que levanta muchas sospechas es la ausencia de transparencia en el sistema de contratación de los proveedores y la falta de información sobre el control que se le realiza a los alimentos, si es que efectivamente esta supervisión ocurre.
“No sabemos cómo se hacen las licitaciones, qué requisitos deben cumplir los proveedores o si están garantizando las condiciones básicas de higiene y seguridad alimentaria”, dijo Zabala Chacur.